INSTITUTOS PREVENTIVOS Y/O RESOLUTIVOS DE CONFLICTOS (I.P.R.C.) LAMENTABLEMENTE DESAPROVECHADOS

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VALIOSAS HERRAMIENTAS DE MÉTODOS P.A.R.C. PARA LA FACILITACIÓN DE ACUERDOS EN CASOS CONTROVERSIALES QUE, ADEMÁS DE NUESTRA PROPIA LEGISLACIÓN, APORTA LA LEGISLACIÓN COMPARADA.

En el siguiente informe trataremos de analizar en primer término como han evolucionado en otros países algunos métodos P.A.R.C. para una más equitativa prevención y/o resolución de conflictos y de como los mismos coadyuvarían complementando lo que, en última instancia, redundaría también en una más eficaz y eficiente administración de Justicia. también con el instituto de la Pericia Arbitral, cuya figura jurídica tratamos en profundidad en otro informe, tal como citamos en las conclusiones, y la que, por revestir el carácter “vinculante” a los efectos procesales resultaría también sumamente ventajosa por la celeridad resolutoria y por razones de economía procesal.

La legislación comparada, en este caso dentro de la legislación italiana en materia de “MÉTODOS P.A.R.C.”, ofrece dos institutos muy diferentes entre sí, inclusive con respecto a la seguridad jurídica y a los efectos procesales, especialmente en lo que se refiere a la eficacia de la investigación de los informes técnicos realizados en sus respectivos campos por los efectos que los mismos pueden producir en el litigio principal que pueda interponerse en caso de no llegarse a una conciliación.
Por un lado tenemos un instrumento “resolutivo” adecuado y eficaz para dirimir las controversias, y por el otro uno “preventivo” de constitución de una forma de prueba en caso de que no se llegue a un acuerdo previo al proceso resolutivo.
El primero es un mecanismo procedimental que se caracteriza por un uso estrictamente objetivo para llegar a una conciliación, tan radicalmente diferente del segundo que, por medio de la investigación confluye en un dictamen técnico que, aceptado por las partes en conflicto, puede posibilitar la concreción de un acuerdo parcial o total de los puntos controvertidos.

De la historia legislativa en última instancia salen dos institutos muy diferentes. Se puede decir que, si bien la evaluación técnica es una herramienta preventiva que pretende ser una “prueba antes del juicio” y “en vista del proceso”, por su importancia y eficacia para dilucidar el diferendo es un instituto que regirá por su propio peso. Configura una verdadera prueba “en lugar de un mecanismo procedimental “.
Dicho instituto es para los casos de controversias en situaciones de hecho, por ejemplo en disputas centradas en cuantificaciones (determinación de créditos, débitos, etc.) que se derivan de una fuente de los casos de responsabilidad civil, hechos contractuales (los créditos derivados de un fallo o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales) o agravio (los créditos derivados de responsabilidad civil), permite que cada parte implicada en el conflicto pueda promover un proceso en particular, con el objetivo de buscar una solución conciliatoria a la controversia.
En la búsqueda de herramientas procesales para descongestionar la Justicia, el legislador debe agotar todas las posibilidades normativas cuando los acuerdos privados de las partes se presentan ante un juez para su homologación para que el caso siga por ese camino. Los consejos profesionales brindarán el paragua institucional necesario para garantizar los servicios profesionales prestados por los terceros expertos neutrales en la materia (técnicos), y viene a establecer una hipótesis de solución de la controversia sobre la cual las partes son libres de hacer converger su voluntad de negociar.
La intervención de un experto neutral, llamado por el tribunal para expresar su postura sobre los temas (en su mayoría) técnicos subyacentes en el litigio para que se resuelvan, constituye una función persuasiva primordial para:
a) desalentar las iniciativas judiciales que se basen en pretensiones que resulten de signo opuesto a las expresadas en el asesoramiento preventivo;
b) brindar asesoramiento en la evaluación, dentro de los límites de la objetividad material del caso presentado a la atención del profesional, a efectos de que se logre el acuerdo de conciliación de las partes.
En esta instancia, como es evidente, el consultor será investido de una función mucho más amplia que en una toma de posesión del asesoramiento técnico durante el procedimiento o durante la investigación técnica previa. En el asesoramiento previo, de hecho, el Experto Neutral no es llamado a trabajar como un mero auxiliar de la corte, pero en esencia se está tirando de las cuerdas del procedimiento. La connotación de sus actividades funcionales, en particular, adquiere una connotación del todo peculiar: los resultados obtenidos y puntos de vista expresados en las directrices se ven perjudicados por el procedimiento denominado “función persuasiva” de la labor del consultor. Se dará prioridad a la necesidad de preveer una solución a las partes que, cuando sea posible, es probable que obtenga su consentimiento y que, en su caso, más allá de los límites de sus conocimientos técnicos y rigurosos de verificación objetiva de los elementos realmente disponible, limitada a la aplicación estricta de las normas y los conceptos científicos de su disciplina a la que pertenece el consultor.
Parece, entonces, a compartir la posición de los intérpretes de los últimos registrados en el primer párrafo de la disposición argumentan que el consultor tiene la obligación de no sólo haber buscado la conciliación antes de la presentación, pero incluso dentro de la misma preparación del informe asesoramiento, durante el cual la operación se ve obligado a escuchar las posiciones de ambas partes de procurar, si es posible, para acercar y hacer factible la dirección expresada en el Acuerdo sobre el informe final.
Cabe destacar la integridad. El legislador prevé incentivos adicionales para que las partes puedan reconciliarse antes de que el consultor laude en el diferendo o su dictámen se registre. Se espera, en efecto, que el informe de conciliación esté exento de registro y, la eficacia en segundo lugar. Esos minutos pueden ser equiparados con el “de ejecución”, por decreto de la corte. Cabe señalar, sin embargo, que será conveniente establecer una expropiación ejecutiva, el cumplimiento específico de la hipoteca y los procedimientos de registro, salvo, es decir, otras formas de ejecución.
Por cierto, si la función de esta consultoría es permitir la realización de un intento formal “pre-judicial” de conciliación, no debería haber ninguna duda de que, si las personas llamadas a participar en el procedimiento no se presentaran voluntariamente por parte o lo hicieran con defectos de forma al comparecer para participar en las operaciones del consultor, el procedimiento en sí no debe continuar. En este caso, el propósito de la composición sería “institucional” en entredicho desde el principio y el procedimiento sobre el fondo inevitable. Por supuesto, en tales casos, el mismo proceso de conocimiento del foro en el que recurrir a la mano, que esencialmente ha impedido el intento de solución, las consecuencias negativas por la actitud de “no cooperación”. Sobre este punto, sin embargo, debe volverse más tarde.
En última instancia, parece que ninguno de los profesionales, al menos hasta ahora, ha expresado serias dudas sobre la reconstrucción de asesoramiento técnico previo con el fin de resolver la controversia sólo brevemente, ni parece estar contemplando ninguna dificultad particular en la interpretación y aplicación de la hipótesis en la que el procedimiento en cuestión es correcta, es decir, el «proceso de procedimiento se completa con la preparación por el experto a cargo del acta con la conciliación de las partes.
Hay, sin embargo, profundas preocupaciones y puntos de vista divergentes entre los actores o ejecutantes en torno a las cuestiones relativas a la suerte del informe del consultor en la hipótesis de la no conciliación previa entre las partes. En espera de las primeras aplicaciones de la jurisprudencia, en realidad, está luchando para ser reconocidos para informar sobre la eficacia del asesoramiento en los procedimientos posteriores sobre los méritos y, en general, las consecuencias legales y de procedimiento de llevar a cabo el procedimiento para volver a conectar los sellos que la conciliación ha fracasado. El problema surge porque, contrariamente a lo que sucede en el caso de mediación exitosa, el caso (al lado) del procedimiento posterior establecimiento de la norma es de conocimiento general, se limita a reconocer las partes el derecho de solicitar ‘ los actos de adquisición informe presentado por el consultor (penúltimo párrafo del art. 696-bis).
En un intento de prever una solución viable a estos problemas, hay que tener en cuenta el espíritu conciliador que impregna la institución en cuestión y evitar apoyar soluciones utilitarias que, aunque conservan cierta eficacia en el informe técnico, son demasiado rápidas y propensa s a descuidar la generación de ruta, con salida en términos inaceptables como legal.
En caso de adoptar una posición clara: el informe de consultoría realizado en el procedimiento previsto en el art. 696-a no es comparable, quo ad effectum, el informe de la CTU, llevadas a cabo durante el proceso de la cognición o en el proceso destinado a determinar antes de lo último en tecnología. 696 cpc
Abogan en favor de esta conclusión, en primer lugar, una serie de consideraciones sobre la naturaleza y el propósito del informe con arreglo al art. 696 – A, ya se ha mencionado anteriormente.
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El consultor tiene la oportunidad de ir más allá de los límites de su competencia profesional y de alejarse de la mera descripción de hechos y acontecimientos y la evaluación de técnicas y / o científicos procesos causales y la posibilidad de expresarse en torno a la «investigación y relacionados con la determinación de los créditos. ” Es, de la actividad jurídica que, en el proceso del conocimiento, es la responsabilidad única y “indelegable” de la corte. En los procedimientos antes de que se trata, esta función se delega en un defensor de oficio y esto no puede ser “motivo de escándalo”, porque su ejercicio no es en forma de oficiosa Corte dijo, sino que simplemente hipótesis conciliadora. En esta perspectiva, según lo previsto, incluso sencillas consideraciones técnicas del consultor se orientan hacia una “investigación de conciliación de las reclamaciones” y no surgen de un enfoque estrictamente técnico-científica.
Además de que, para el procedimiento preventivo puede cumplir su función, es deseable que las mismas partes asumen una actitud no defensiva, sino por el contrario, el más conciliador de lo posible por proporcionar el consultor todas las noticias y hacer todo declaraciones que puedan ser útiles para el esfuerzo de buscar una solución compartida. Para lo que se refiere ese comportamiento y las evaluaciones en ellas han trabajado con un consultor en valor probatorio operado en el procedimiento, si bien en forma de argumentos para probar el arte. 116 CPC, como se ha observado agudamente, conduce a la compresión del derecho de defensa. En este caso, la actitud de cooperación de las partes durante el procedimiento de conciliación tendrá efectos contraproducentes en el asunto principal que viene o, por el contrario, la necesidad de no perjudicar su posición en ‘la (posible) continuación del procedimiento, podría dar lugar a No le dé una cooperación adecuada durante la conciliación, comprometiendo seriamente, por lo que la posibilidad de un arreglo y el daño verdadero propósito de la disposición en cuestión.
Sin embargo, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, en caso de fallo del procedimiento preventivo de conciliación, no puede ciertamente afirmar que el contenido del informe del consultor, en su parte expositiva, la evaluación técnica y la “evaluación y determinación de reclamaciones, “tiene, en los procedimientos, la investigación o el valor de una puede cumplir la función de integrar el conocimiento de la CTU propia del juez.
Esta conclusión se apoya en un claro elemento de derecho positivo, no en la medida suficiente resaltado. Nos referimos a lo dispuesto en el art. 696 CPC sobre la evaluación técnica previa, en la que la reforma legislativa ha intervenido de manera significativa, en primer lugar por la legislación se adapta a las resoluciones N º 571/90 del Tribunal Constitucional N º 257/96 y en la inspección judicial (previa) en dirección y persona de la tercera persona y, en segundo lugar, ampliando el ámbito de la investigación, simplemente para comprobar la condición antes de que el sitio o el estado de cosas, incluyendo evaluaciones sobre las causas y los daños relacionados con las materias Verificación (nuevo párrafo segundo del art. 696).
Como se preveía, la doctrina y la jurisprudencia por unanimidad reconocer la naturaleza de la averiguación previa instrumento técnico que se evidencia “antes del juicio” y “en vista del proceso.” Incluso en la estela de novedad legislativa, sin embargo, la activación de esta institución está condicionada al cumplimiento de la necesidad (de “precaución de la prueba”) para poner remedio a la notificación periculum son el riesgo de que el retraso en la adquisición afecta a la puede ser una evidencia en el juicio.
Si bien es capaz de abstraer, entonces, la Legislatura no tenía la intención de ampliar las posibilidades de recabar pruebas de casos anteriores siempre que lo exijan por el riesgo de su pérdida, asociados con el curso del procedimiento. De ello se deduce que el intérprete no puede llegar a un resultado diferente, lo que permite la recogida incluso sin previo razones de precaución, cayendo a través de una exégesis de una norma, como el artículo. 696-A, cuya proporción (un incentivo para la conciliación pre-judiciales), como se explica, ciertamente no es el instrumento para proporcionar partes de un Pre-establecimiento de una prueba de medios.
Y ‘posible para encontrar, finalmente, un elemento de derecho positivo, que confirma la presunta omisión del informe, teniendo en cuenta en el asesoramiento técnico antes de los puntos del instrumento de prueba (o la integración de los conocimientos de la corte) durante los siguientes mérito. Esto se refiere al último párrafo del artículo. 696-a, que en el estado de aplicación al nuevo procedimiento, el grado de compatibilidad, las normas dictadas codicistiche e investigaciones sobre el nombramiento de expertos, se refiere expresamente en los artículos 191 a 197 PCCh permanecer fuera de la corte, por lo tanto, no sólo las disposiciones sobre la revisión contable (artículo 198 CPP) y, por supuesto, las relativas a la reconciliación en frente de la consultora, el arte que. 696-bis, directamente, pero se excluye de la corte, también, el arte. 201 Código de Procedimiento Civil, que regula la forma de los peritos, y los decretos en favor de las partes de una ley procesal de nombrar a un consultor técnico, para acompañar el consultor designado por el tribunal en todas las actividades que le encomiende .
Esta es una disposición de la opinión unánime de la doctrina y la jurisprudencia, expresa la necesidad de aplicar con éxito el principio de contradicción (cd contradictorias técnica), también en la oficina de consultoría, garantizando que el proceso ha en todas las etapas del típico estructura dialéctica, que depende, en última instancia, la capacidad de cada iniciar un procedimiento para cumplir la función para la que se espera. La participación de los consultores, en particular, fue reconstruida como una herramienta con la que el tribunal puede emitir en la práctica, ese cheque en la oficina del consultor, en el resumen, el sistema le confió.
Ahora, a los efectos aquí pertinentes, parece importante establecer si las partes aún pueden beneficiarse de la ayuda de su consultor, pero señaló más bien que el principio (de contradictorias técnico) que se basa en la capacidad de la asesoría técnica de la oficina para realizar la función de la investigación complementaria o conocimiento del juez no fue prorrogada antes de la asesoría técnica para la solución de la controversia.
Esto es absolutamente coherente con las conclusiones que, en esta institución, que ha sido. En los consultores antes, por el que las partes se presenta, no convencerá a nadie de “la (posible) llegó a conclusiones erróneas por parte del consultor que será nombrado por, o su función es inducir a la corte, por sus comentarios críticos, de seguir o rechazar las conclusiones del informe final. Más bien, pueden hacer su contribución por adelantado, señalando los aspectos del caso y expresar opiniones, incluso si se descuida técnicas, la comparación incluyendo la identificación de una orientación compartida se vuelve más probable.
Cuando asesoramiento técnico antes, el objetivo no es empacar un informe que puede cumplir una función probatoria (o conocimiento adicional de la corte). Es realmente una tautología, pues, que este informe probablemente no será capaz de realizar funciones similares.
Y entonces, ¿para qué el Estado reconoce las partes pueden tratar de adquirir el conocimiento de los procedimientos judiciales y el informe presentado por el consultor? El plan de reforma aprobado por la Junta “Vaccarella expresamente previsto es el siguiente: con la adquisición del informe, la parte que invoca responsabilidad fundamentalmente de los otros casos, la luz del artículo. 96 PCCh
En caso de que falle el intento de arreglo previo asesoramiento surgió de la falta de adhesión a la política de puntos de vista expresados por algunos consultor designado por el tribunal en la sentencia de perfiles en una solución a la controversia de acuerdo con esta cita () Orientación , la otra parte tendrá derecho a solicitar la orden de pagar por “lite imprudente”, como parte injustificadamente no se ajusta a la idea del perfil de la composición de la consultora, obligando a la parte cargará con los costes y plazos de un juicio que con los procedimientos de diligencia debida, debería haberse evitado. Y esto, téngalo en cuenta, incluso cuando el fracaso es atribuible a un arreglo previo “(injustificada) la negativa de conciliar, de la parte vencedora en el proceso de cognición. El tema de las compensaciones deberían ser incluidas entre las diferentes partidas, también pagan los costos, el asesoramiento jurídico en que se incurra para aumentar o por lo menos para tomar parte en el procedimiento preventivo.
Del mismo modo, la hipótesis de la voluntaria ausencia de participación en el procedimiento de solución de cualquiera de las partes, sin duda, integrar la jurisprudencia del caso de responsabilidad agravada, todo el tiempo del desarrollo del procedimiento concluirá con la aceptación, incluso parte de la solicitud presentada por la parte que ya ha promovido el procedimiento de consulta. Una vez más, es atribuible a la conducta negligente del caso de la parte incumplidora es imposible llevar a una solución tentativa “pre-judicial” que, de ser elegida, asegúrese de que la evaluación de la cognición. Por el contrario, se cree que si pierde en su totalidad, el partido que ha promovido el procedimiento de conciliación, el costo y los cargos contra él debe seguir siendo en el caso de incumplimiento de la contraparte durante preventiva encontró la falta de su derecho De hecho, se excluye el fundamento y protegida en cualquier iniciativa judicial que ha de elevarlo.
Este enfoque, sin embargo, tiene el mérito innegable de alentar a las partes a asistir (y cuidado) antes del procedimiento, se crea una especie de sanción civil en caso de incumplimiento injustificado de participación o injustificada falta de solución al conflicto.
La pregunta sigue siendo ¿por qué el penúltimo párrafo del art. 696-A, tal como propone la formulación original, se ha reducido la referencia explícita a la responsabilidad del caso como una finalidad específica relacionada con la solicitud de adquisición para el informe presentado en el asesoramiento técnico de antemano.
Bueno, parece que el término genérico más de la regulación tiene la ventaja indudable de que no se oponen a priori más lejos (y de menor importancia!) El uso del informe, que respete su connotación de una guía, sin embargo incapaz de ser un medio de investigación o un instrumento de integración de los conocimientos de la corte, utilizado para la decisión sobre el fondo.
Viene a la mente, por ejemplo, el caso de “provisional” regido por el. 147 del nuevo Código de Seguros, que establece, bajo ciertas condiciones, la asignación de una suma “en la medida de las cuatro quintas partes de la magnitud de la indemnización se espera serán pagados en la oración.” Sin embargo, en la etapa de juicio en el tribunal es llamados a dar esa cantidad a la víctima de un accidente de tránsito, en espera de la rectoría de un experto técnico, los elementos, de las cuales derivan de la compensación “que deberá abonarse en la oración, son hechas por la indicación en la reivindicación, que el acto es parte y, si previo aviso “para la determinación de los préstamos” del arte. 696-bis del informe elaborado por un profesional designado por el tribunal, con la colaboración de ambas partes (y sus asesores).
Entre los dos índices, uno que parece más realista a la base del resumen y evaluación de efectos transitorios, ya que “supuestamente” es lo que se desprende de las conclusiones mencionadas en el informe. Sin, por supuesto, en modo alguno pueden considerarse como una prueba superflua de la magnitud de los daños a la liquidación definitiva que si incluye evaluaciones técnicas, sólo puede pasar por la clásica CTU
La vaguedad de la expresión contenida en la disposición, en conclusión, no puede, a priori, excluye la posibilidad de obtener el consentimiento previo “relación” cualquier uso, como en el caso de otros casos similares o provisionales que pueden venir a la atención de “intérprete, que la ley vuelva a conectar temporalmente el resumen de verificación de ciertos efectos en determinadas condiciones, que, sin embargo, no hemos probado de esta manera por el propio gobernante.

Entre las muchas y diversas maneras de rol modificaciones introducidas por el legislador en el Código de Procedimiento Civil, de las llamadas “competitividad decretos-por lo que” no 35, 2005, y terminando con los últimos decretos de la reforma del arbitraje, y el juicio de Casación de invierno de 2006, la introducción de asesoramiento técnico antes de Conciliación previsto en el artículo. 696-un punto crítico, es una de las noticias más interesantes.

CONCLUSIONES:
Por lo que la legislación italiana ha instituido en esta materia, se podría afirmar que LA CONSULTORÍA PREVENTIVA PODRÍA REPRESENTAR UN NOTABLE INSTRUMENTO DE ACTUACIÓN DEL DERECHO DE ACCIÓN Y DEFENSA EN TODA SITUACIÓN DE HECHO SI SE RESPETAN LOS PRINCIPIOS ESENCIALES DEL SISTEMA.
El destino práctico de éste dependerá de la celeridad de los magistrados en fijar la audiencia para la designación del Experto Neutral.

Dentro de los Métodos Resolutorios cabe agregar la figura jurídica de la Pericia Arbitral que reviste el carácter “vinculante” a los efectos procesales en la Justicia, tal como legislado a través del artículo 773 del Código Civil y Comercial de la Nación y en distintos artículos de nuestros Códigos Civil y de Comercio, como así también en los distintos códigos procesales provinciales, como por ejemplo en el de la Provincia de Buenos Aires con el nombre de “Juicio Pericial”, que ha sido tratada exhaustivamente en el artículo publicado también en esta página-web en la otra Entrada con el título “Facultades Multidisciplinarias Ignoradas”.

Un cordial saludo y espero que enriquezcan con vuestros aportes esta temática recogida de la legislación italiana en pro de una más equitativa, eficiente y efectiva administración de justicia.

Dr. Antonio C.L. Isotti

C.P.N., Mediador, Árbitro y Perito-Árbitro

Director de C.I.P.A.R.C.
(Centro Interdisciplinario de Prevención, Administración y Resolución de Conflictos)

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